Ramón de Baños |
Tras la conquista, los indios hubieron de quedar a la merced de los vencedores, muy superiores a ellos en fuerza y recursos. En realidad sólo una política protectora por parte de los gobiernos de los pueblos conquistadores era capaz en tales circunstancias de poner coto a los abusos a que se veían empujados los colonos por su codicia. Las Leyes de Indias empezadas a promulgar por los Reyes Católicos en previsión de tales peligros honran ciertamente a un país y serán siempre testimonio histórico de prudencia y humanidad. Una cédula de Felipe II señala que serían castigados quienes «injuriasen u ofendieran o maltrataren» a los indios lo mismo que si «los mismos delitos se cometieran contra españoles» (19 diciembre 1593). La reglamentación es completa y abarca las condiciones morales y materiales de vida, limitación de horas de trabajo, descanso dominical, jornales en dinero. Se prohíbe que los indios lleven pesos a cuestas «aunque sea con su voluntad», con lo que desaparecen los indios de carga (tamemes) de antes de la conquista. Se crean «cajas de comunidad» para auxilio de los indios enfermos y ancianos, escuelas, hospitales, hospicios. Se previene contra el peligro del abuso del vino y el alcohol.
Las Leyes de Indias favorecían la fusión de razas al prohibir la emigración de mujeres solteras. La población se dividió, pues, pronto en «mestizos» (blanco-india), «mulato» (blanco-negra), «zambos» (negro-india), indios puros, negros, cuarterones, prietos, quinterones. En el siglo XVIII había positivamente más indios que en tiempos de la conquista.
En
general los indios se dividieron en «bravos», como los araucanos de
Chile, los yanquis de Méjico y los charrúas del Plata, que vivían
independientes en sus tribus y hasta en lucha con los blancos
—todavía quedan algunos bravos en el Alto Amazonas—, y
«pacíficos», en su mayoría obreros y labradores. Aunque la ley
prohibía la esclavitud india, para el trabajo de las minas se
organizaron «repartimientos» en virtud de los cuales los caciques
proporcionaban turnos (mita) con arreglo a unos porcentajes
determinados (el 1 por 7 en Perú, el 4 por 100 en Méjico) de
hombres libres de cada pueblo, a los que se pagaba salario, viajes y
mantenimiento. Otra restricción consistió en obligar a vivir a los
indios en pueblos («reducciones») gobernados por sus caciques. Y
otra en las «encomiendas», que daban a algunos colonizadores el
derecho a percibir tributos de los indios a cambio de su cuidado
material y moral. La institución comenzó a aplicarse en las
Antillas, de donde se extendió al continente. Al finalizar la
concesión (de dos a cuatro generaciones), los indios pasaban a
depender directamente del rey en calidad de vasallos. Contra los
abusos a que se prestaba esta institución clamó el famoso Fray
Bartolomé de las Casas. Finalmente Carlos V prohibió el servicio
personal de los indios, a los que reconoció condición de hombres
libres.
Se dio gran impulso por otra parte a las «misiones», en que los indios, por carta de Felipe III (1609), se convertían en vasallos inmediatos del rey y no podían ser sometidos a encomienda.
Hubo sin duda abusos, que a veces desembocaron en situaciones críticas. Así los de los corregidores del Virreinato de Perú, que dieron lugar a una sublevación (1780) acaudillada por José Gabriel Condorcanqui, presunto descendiente del inca Tupac Amaru. Pero el simple hecho de que el sublevado poseyese el título de Marqués de Oropesa dice bien a las claras hasta qué punto había sido realidad la política de fusión.
No creemos necesario explayarnos más sobre los indios hispanoamericanos, cuya historia se reduce en realidad a un proceso de constante integración, favorecida decididamente por las medidas del propio Gobierno español. Otra cosa sucede en el N del continente, donde, por aplicarse una política discriminatoria, el problema de la convivencia crea una situación mucho más complicada.
No creemos necesario explayarnos más sobre los indios hispanoamericanos, cuya historia se reduce en realidad a un proceso de constante integración, favorecida decididamente por las medidas del propio Gobierno español. Otra cosa sucede en el N del continente, donde, por aplicarse una política discriminatoria, el problema de la convivencia crea una situación mucho más complicada.