9 de noviembre de 2022

La muerte de Sara Díaz

Renitor
Sara Martín Díaz (n. 1981) era una agente de la policía regional catalana (Mozos de Escuadra) adscrita al Departamento de Asuntos Internos (DAI), con empleo de cabo. En julio de 2012 fue atropellada por un automóvil mientras iba en motocicleta de regreso a su casa y murió de las heridas recibidas. Las conclusiones de la investigación y el comportamiento de los tribunales dan motivo a dudas o, por lo menos, incertidumbre.

Sara tenía parte activa en la persecución de las actividades corruptas de policías regionales, especialmente en relación al narcotráfico, y a partir de junio de 2012, según su familia, empezó a temer por su vida. Un mes después habría muerto.

La muerte. El 23 de julio de 2012, hacia las 21 h 30 min, un automóvil sin propietario claro y guiado por un paraguayo veinteañero, sin domicilio conocido ni permiso de residencia, topó de frente con la motocicleta de Sara (una Suzuki Bandit), en el kilómetro 10 de la autovía B-24, a su paso por Pallejá (Barcelona). Él (ocultaremos con el nombre falso de Fernando el suyo verdadero) huyó a pie y ella, malparada, «murió desangrada» (la atención médica se retrasó unos 40 o 50 minutos según la fuente).

La detención. Fernando fue habido por la policía a primera hora de la madrugada, alejado un centenar de metros, oculto entre unos matorrales y graduación alcohólica mayor de la permisible. Atribuyó el encontronazo mortal a un fallo mecánico y fue puesto en libertad tras testificar.

Explicación oficial. El dictamen de los Mozos de Escuadra fue que Fernando conducía su vehículo alocadamente cuando el mismo sufrió una avería mecánica. El choque frontal se explica, según ellos, con un «trompo» accidental (patinó y volteó el automóvil quedando enfrentado a la motocicleta). Las conclusiones del informe no concordaban con el testimonio de varias personas (el automóvil se movía en dirección contraria al sentido de marcha y con las luces extinguidas), habiendo contribuido al desasosiego la intención de poner término a la investigación —«fue un accidente»—.

CDC
El cadáver de Sara Díaz y su motocicleta. Tras el encontronazo, un segundo automóvil pasó por encima de Sara, al parecer de forma accidental (se movía en dirección correcta y el tramo no estaba iluminado).
La huida. Las conclusiones no parecieron convincentes y el dictamen fue corregido, pero el informe del mismo no pasó a los tribunales hasta septiembre (octubre según la hermana de la víctima). Entretanto, no se habían tomado una serie de medidas de carácter preventivo destinadas a impedir la huida del supuesto homicida y éste, sin ser molestado, huyó a Paraguay (agosto 2012).

Los tribunales. El elevado número de litigios producen un notable retraso en la actuación de los tribunales, pero sus decisiones en el caso de Sara han sido objeto de críticas, lo que es explicable dada la denegación, por tres veces, de una orden de detención internacional y la continuidad de otra de alcance sólo nacional (octubre 2013), inútil tras huir Fernando a América.

Denuncia pública. La familia, alarmada ante los claroscuros del accidente y el actuar de la policía regional, llevó el caso a los medios informativos, pero solo la prensa marginal trató sobre el asunto. A causa de esta falta de interés, tampoco consiguió suscitar un movimiento en favor de la revisión de la muerte de Sara (menos de 1 700 firmas en cuatro años).

Acusaciones sin denuncias. La suspicacia familiar no se conformó con la relajación de la policía regional y relacionó la cosa con el trabajo de Sara (se ha dicho que fue atropellada deliberadamente). La posibilidad de una complicidad con el crimen organizado ha sido insinuada por el hermano de la víctima, pero no formalmente denunciada, como tampoco se han incoado procesos judiciales contra la policía por las «incongruencias» y «desaparición de pruebas» apuntadas por la asociación Manos Limpias, colectivo de juristas abiertamente a la derecha al que se atribuye clara intencionalidad política.

Familia Díaz
Sara Díaz y su madre
Captura en Brasil. Investigaciones privadas de la familia, ahora con la ayuda del Cuerpo Nacional de Policía, permitieron detener a Fernando en Florianápolis (21 junio 2017), ciudad del estado de Santa Catarina (Brasil). El Supremo Tribunal Federal de este país (STF) ordenó «prisión preventiva para extradición» (30 junio), acusado para ser juzgado en España por «homicidio por imprudencia grave, conducción temeraria y omisión de socorro, previstos en los artículos 142, 195 y 380 del Código Penal español».

Extradición retrasada y segunda huida. El plazo habitual en estos casos es cosa de unos 90 días, pero en agosto una jueza acordó prolongar el mismo, decisión fundada «en casos análogos» (jurisprudencia), y en febrero de 2018 revocó la prisión preventiva para fines de extradición, al parecer por razones médicas y previa entrega del pasaporte. En marzo de ese mismo año los tribunales brasileños fallaron la «imposibilidad de una extradición por la contravención penal de conducción negligente», pero autorizaron una «extradición en parte» por «homicidio culposo agravado por omisión de socorro». En fecha indeterminada, antes o después del citado fallo, Fernando huyó a Paraguay.

Captura en Paraguay. El 13 de octubre de 2020, Fernando fue detenido en San Lorenzo, municipio de Asunción (Paraguay), por una pareja de policías que realizaban una vigilancia rutinaria, con identificaciones aleatorias de personas y vehículos, detención realizada en observancia a «una orden de captura internacional con fines de extradición a España». El prófugo pasó a cargo de la 1ª Comisaría Central y puesto a disposición del Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo, pero a la publicación de este artículo, por causas que se desconocen, Paraguay no ha hecho entrega a España de Fernando.

Últimos datos. El 25 de mayo de 2021 el STF brasileño autoriza un plazo de 90 días para aclarar información sobre la «localización de Fernando»; es decir, paradero desconocido.

Doble vara de medir. En junio de 2021, una agente de la policía regional catalana falleció en un accidente de tráfico en Arbrera (Barcelona), en circunstancias parecidas a las de Sara Díaz. En este caso, el supuesto homicida fue detenido y el asunto pasó en días inmediatos a un juzgado de Martorell. Resulta difícil pronunciarse sobre actuaciones tan diferentes en casos tan similares.