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Renitor
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En un
reciente informe de Standard & Poor's se recoge un panorama muy
pesimista a propósito de las perspectivas económicas en Cataluña, en bancarrota financiera, una paradoja si tenemos en
cuenta las condiciones económicas tan favorables registradas en el
resto de España, con un crecimiento sostenido importante (el mayor
de la Unión Europea y el segundo del mundo) y que se mantiene
holgadamente como cuarta economía de la «zona euro» (19 países) y
quinta de la Unión Europea (28 países).
A la
hora de apoyar un ciclo económico tan pesimista, no cabe duda de la
conducta culposa del Gobierno regional (Generalidad catalana) y de
los fuertes problemas de una minoría secesionista que han presidido
la política de esta región en los tres últimos años.
El
presidente de la Generalidad Artur Mas, tras llevar Cataluña a la
bancarrota financiera, apoyaría abiertamente la causa de los
secesionistas. Su nacionalismo aparecía tan exaltado como poco
realista y en una región gangrenada por la corrupción, que pronto
se hizo económicamente sospechoso y contribuyó al hundimiento de su
partido (la coalición Convergencia y Unión se separó), pasando
a depender de terceros para ejercer el cargo. Ahora, las artimañas de
Mas para tratar de perpetuarse en el cargo con el apoyo de partidos de izquierda radical, siendo él conservador, pueden
llevar a un verdadero caos en Cataluña. Así lo entiende la agencia
de calificación Standard & Poor's, que el 9 de octubre de 2015 redujo Cataluña a la
calidad de bono basura en el llamado índice CDS (Credit Default
Swap), que mide la solvencia de un país o región. Es decir,
Cataluña, la región más endeudada de España, no podría financiar
su creciente déficit sin el conjunto del país como garante
subsidiario, cuyas autoridades monetarias, para impedir la suspensión
de pagos en esta región, están forzando la concesión de créditos
a la Generalidad (una parte de los cuales, por cierto, se emplea en
un «esfuerzo secesionista» a costa de estrangular a la sanidad
pública y otros servicios públicos, especialmente las farmacias).
Al
Juzgado. Para eludir responsabilidades, con supuestos delitos tan
graves como los de prevaricato, usurpación de funciones y
malversación de fondos, los secesionistas hicieron que se creara en
torno al Tribunal Constitucional un clima de tensión política que
forzó el retraso de algunas decisiones. Planteado ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña el caso contra la
Generalidad por el referéndum ilícito, y tras comparecer ante el
mismo en condición de imputado (15 octubre), Mas anunció que, caso
necesario, ignoraría en adelante la jurisdicción del Tribunal. Parece acertada, pues, la prospectiva del político socialista
Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno presidido por Felipe
González, que describió los acontecimientos en Cataluña como «un
golpe de Estado a cámara lenta».
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Manifestación ante el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña durante la comparecencia del presidente regional en funciones Artur Mas. Estas manifestaciones fueron estimadas condenables por asociarlas a la idea de una coacción al poder judicial. Los medios informativos, incluidos los extranjeros, se inclinan a considerarlo como una corrupción de la democracia y un peligro para la misma.
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Al
tiempo que el presidente regional en funciones ataca al mecanismo
constitucional —y legal—, los secesionistas que le apoyan han
adoptado la táctica de los movimientos totalitarios: atacan muy
duramente los fundamentos de la democracia (Ley y Constitución) y su
verdadero campo de acción está en la propaganda directa, la
agitación callejera, una adhesión irracional en sus miembros
fundada en mitos y, ante las prohibiciones legales, tratan de
adaptarse a la desobediencia civil (algunos creen que en medio del
desorden y la anarquía pueden establecer un «orden secesionista»
supliendo la falta de gobierno...).
En
fin, de modo significativo, Mario Monti, como invitado de honor a la
inauguración de un curso académico que se celebró en el municipio
barcelonés de San Cugat el día 5 de octubre, advirtió de la
amenaza de los nacionalismos para la Unión Europea y la paz en el
continente.
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El oportunismo de los líderes que protagonizan la súbita oleada de nacionalismo secesionista, algunos de pronto convertidos a la fe separatista, como parece el caso del presidente Artur Mas, siempre ha sido económicamente muy sospechosa.
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ACTUALIZACIÓN
Artur
Mas presentó estos procedimientos judiciales como una «caza» al
secesionismo, pero la impresión es que en el «suicidio político»
de este presidente regional podría tener un importante papel la
corrupción, constituida por una especie de clientela agrupada
alrededor de un personaje o familia poderosa o influyente, como la de
Jordi Pujol, nacionalista militante y benefactor de Artur Mas.
Esta
saturación de graves escándalos financieros dejan una estela de
descrédito, no sólo del funcionamiento de las instituciones
catalanas sino también del comportamiento e integridad de los
secesionistas, y reabre en la opinión pública interrogantes acerca
de aspectos sombríos en la súbita oleada de nacionalismo
secesionista, que coincide en el tiempo con una investigación
secreta, por orden de un juez de Vendrell (Tarragona), sobre
irregularidades o delitos económicos que afectan al ámbito del CDC.
Esta investigación judicial va siendo ampliamente divulgada por los
medios de información, de modo que los analistas más atrevidos
retienen la impresión de que se movilizó una masa secesionista para
presionar contra este procedimiento judicial y finalmente anular las
pruebas, con lo que no habría lugar al mandamiento de las
acusaciones.