Golpe de estado en Cataluña

Renitor

El 27 de septiembre de 2015 se celebraron en Cataluña elecciones legislativas con carácter de referéndum, sobre un supuesto «plan de independencia». El electorado se volcó en apoyo de la unidad de España (52%), pero el Parlamento catalán, dirigido ahora por separatistas con el apoyo de marxistas, ha decidido recusar la legitimidad del Gobierno nacional para proclamar la soberanía política de Cataluña; es decir, una independencia establecida por golpe de estado.

Cuando una minoría totalitaria fracasa en sus objetivos, el levantamiento contra la autoridad política es el medio al que recurre. Los secesionistas no se conforman ya con un referéndum (se hizo tácitamente el 27 de septiembre y lo han perdido), sino que atacan sin rebozo a la Ley y la Constitución; esto es, a la democracia, el desprecio a una mayoría de catalanes, al punto de preparar una «declaración unilateral de independencia» para el día 9 de noviembre, con lo cual esta región se coloca en una situación de ilegalidad, no sólo en España, sino en el resto de la Unión Europea.

Uno de los responsables últimos es la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, obscura filóloga que quiere aparecer en la palestra política como campeona del nacionalismo —y de paso del delito de prevaricato—. El continuado enfoque ilícito de la política de esta mujer, ya en edad de jubilación, le obliga a un vergonzoso aislamiento político, aliviado tan sólo por la solidaridad de su partido, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), y de los que tienen el mismo objetivo secesionista: el marxista CUP, partidario no sólo de romper España sino también la Unión Europea y acabar con el Capitalismo, y el conservador Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), con encausados políticos y económicos...

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La recién elegida presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, de «Juntos por el sí», coalición que pretende dejar a una mayoría en condiciones de inferioridad para colocar Cataluña en una situación de ilegalidad, intención que muchos políticos demócratas, desde socialistas a conservadores, califican de «golpe de estado».

Como ya se ha explicado en otros artículos, a mediados de 2015 se fundó una coalición separatista atípica, Juntos por el sí (conservadores e izquierda radical), que inmediatamente pasó a contar con el decisivo apoyo publicitario del aparato mediático de la Generalidad catalana (gobierno regional). Convocados comicios legislativos para el 27 de septiembre, no lograría mayoría absoluta en el Parlamento catalán y desde el mismo día siguiente a las elecciones, con el fin de conseguir esa mayoría absoluta, dejó en manos de los marxistas, con sólo el 8% de los votos, la suerte de toda la región. Empero, esta heterogénea asociación reveló desde el primer momento graves fisuras internas, con tensiones entre los socios que se vieron agravadas cuando el partido del presidente en funciones Artur Mas (CDC), y aún él mismo, fue informado oficialmente de que estaba siendo investigado por motivos de corrupción. Como resultado de esta incómoda mayoría, el día 26 de octubre fue elegida por el Parlamento nueva presidenta del mismo Carmen Forcadell, de Juntos por el sí, pero esta asociación no consigue formar Gobierno, por ahora, ante la negativa de sus socios marxistas a apoyar la candidatura de Artur Mas.

La radicalización de «Juntos por el sí» no sólo puede atribuirse a las exigencias de sus circunstanciales aliados (que las hay) ni a la de dar rápido cumplimiento a «promesas electorales» (un sofisma de golpe de estado). En efecto, se tiene la sensación, cada vez más, de que el motor de este secesionismo es impedir que reconocidos nacionalistas militantes conozcan la cárcel por un escándalo político-financiero astronómico, en el que pueden aparecer misteriosas complicaciones con el crimen organizado internacional, el narcotráfico mejicano, paraísos fiscales con cuentas mil millonarias y ¿alguna república enana en Europa oriental?

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Diputados del partido «Ciudadanos», ahora principal fuerza de la oposición en Cataluña. Estos jóvenes políticos repiten la experiencia de sus antepasados en los años 30, en que hubieron de enfrentarse a totalitarios e independentistas que se movían con desprecio a la Ley y la Constitución, como ahora pretende la coalición «Juntos por el sí». 

El aviso. El Gobiernos del país, como los partidos de la oposición, está dominado por las preocupaciones preelectorales, pero ahora el aviso es claro («están previstas todas las medidas proporcionales») y, en el caso del presidente Rajoy, con inequívoca firmeza: «Cuando el juego se endurece, los duros entran en juego». De no mantenerse en el marco de la constitucionalidad, algunos secesionistas pueden conocer la cárcel.

Lo que acontezca el 9 de noviembre en el Parlamento catalán puede ser considerado una no muy feliz imitación del caso exótico —y también ridículo— del italiano Umberto Bossi, que en 1996 había llegado a proclamar en Venecia «la independencia de la Padania», esto es, la mitad septentrional del Italia. El elemento lingüístico de la batalla política de Bossi («Roma, la ladrona») fue copiado por los secesionistas en Cataluña («España nos roba») y allí, como ahora en España, aparecían «nacionalistas» con diversas causas judiciales en su contra incoadas a propósito de sus actividades políticas o económicas o empresariales.

«París bien vale una misa», dijo Enrique IV en 1553, que salvó la vida simulando hacerse católico; «evitar la cárcel bien vale un golpe de estado», pueden decir algunos ahora, simulando hacerse nacionalistas separatistas. (Véase Cataluña, la sombra del fascismo y Cataluña, bono basura y delincuencia.)